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En la contratación estatal, las entidades públicas cuentan con facultades excepcionales que les permiten tomar decisiones unilaterales, como la liquidación del contrato o la declaratoria de incumplimiento. Sin embargo, estas competencias no son ilimitadas y pueden verse afectadas por actuaciones judiciales.

El Consejo de Estado, en unificación de jurisprudencia, ha precisado un aspecto clave: la pérdida de competencia de la administración para ejercer estas facultades no ocurre automáticamente con la presentación de una demanda, sino con un acto procesal específico.

“La unificación del Consejo de Estado fija un criterio claro: la demanda no basta, la notificación es determinante.”

La notificación como punto determinante

Según este criterio, es indispensable que el auto admisorio de la demanda sea notificado a la entidad pública para que se configure la pérdida de competencia. Es decir, no basta con que el proceso judicial exista; la administración debe tener conocimiento formal del mismo a través de la notificación.

Este elemento garantiza el debido proceso y evita que la entidad sea limitada en el ejercicio de sus funciones sin haber sido informada oficialmente. Solo a partir de ese momento se entiende que la controversia ha pasado al ámbito judicial.

Efectos en la liquidación y el incumplimiento

Una vez notificada la entidad, pierde la competencia para adelantar actuaciones como la liquidación unilateral del contrato o la declaratoria de incumplimiento. Estas decisiones deberán entonces ser resueltas por la jurisdicción correspondiente.

Este criterio unificado aporta seguridad jurídica tanto para las entidades públicas como para los contratistas, al establecer un punto claro a partir del cual cesan las facultades administrativas.

En conclusión, la notificación del auto admisorio de la demanda es el elemento que activa la pérdida de competencia de la administración. Antes de este acto, la entidad puede ejercer sus facultades; después, la controversia debe ser definida por el juez.